El Senado ha aprobado la Ley Bases impulsada por Javier Milei, introduciendo significativos cambios en diversas áreas de la administración pública y la economía. Esta legislación ha sido objeto de debate y ha incorporado varias modificaciones propuestas por la oposición. Aquí, desglosamos los principales cambios y su impacto potencial.

Desregulación del Estado y la Ley Bases de Javier Milei

Uno de los pilares de la Ley Bases es la desregulación del Estado. La nueva normativa limita la capacidad del Poder Ejecutivo para intervenir en determinados organismos públicos. En total, se han protegido 15 entes e institutos que no podrán ser disueltos, entre los que se encuentran:

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
• Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)
• Administración de Parques Nacionales (APN)
• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Adicionalmente, se garantiza el financiamiento de estos organismos bajo el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Esta medida busca asegurar la continuidad y estabilidad de instituciones clave en el desarrollo tecnológico y científico del país.

Empleo Público: Protección de los Derechos de los Trabajadores

En el ámbito del empleo público, la ley establece que los trabajadores en licencia por enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio no podrán ser colocados en situación de disponibilidad hasta que finalicen sus licencias. Esta disposición refuerza la protección de los derechos laborales, asegurando que los empleados no sean vulnerables a despidos durante períodos críticos.

Modernización Laboral: Una Cláusula Eliminada

Uno de los puntos más polémicos de la ley fue la propuesta de limitar el poder financiero de los sindicatos. Inicialmente, se había planteado que las cuotas solidarias a los empleados no afiliados solo podrían cobrarse con su consentimiento previo. Sin embargo, esta cláusula fue eliminada del dictamen final, permitiendo que las cuotas sigan siendo cobradas sin necesidad de consentimiento.

Causal de Despido: Endurecimiento de las Normas

La ley introduce la «participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos» como una grave injuria laboral, constituyendo una causa objetiva para la extinción del contrato de trabajo. Esta medida busca disuadir las acciones sindicales que paralizan las operaciones de las empresas, aunque ha generado críticas por parte de los defensores de los derechos laborales.

Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): Reformas Clave

El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones ha sido reformulado para asegurar que las normativas provinciales no se opongan a este régimen, aplicando solo a las jurisdicciones que decidan adherirse. Además, se incluye el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión y se garantiza que las compañías que adhieran empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales. También se limita la posibilidad de transferir dividendos y utilidades al exterior después de tres años, fortaleciendo el compromiso con la economía nacional.

Paquete Fiscal: Blanqueo e Impuesto a las Ganancias

Blanqueo

El paquete fiscal presenta cambios significativos en el blanqueo de capitales. Se elimina la posibilidad de incluir criptomonedas y se excluye a los funcionarios públicos de los últimos diez años y a sus familiares cercanos. Además, se prohíbe la inscripción en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038 y se incrementa la alícuota del impuesto a los Bienes Personales en un 20% para quienes se acojan al blanqueo.

Impuesto a las Ganancias

Se incrementa en un 22% el mínimo no imponible para las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y se mantiene la exención impositiva para Tierra del Fuego. También se permite deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios. Sin embargo, este apartado ha sido objeto de controversia y su aprobación final dependerá de la decisión de la Cámara de Diputados.

Monotributo Social y Ley Minera

El monotributo social se mantiene con un esquema diferente, donde la jubilación será obligatoria y la obra social opcional. En cuanto a la ley minera, se propone aumentar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído, buscando un mayor beneficio económico para las regiones mineras.